REDACCIÓN BBN
El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha comparecido en la sede de las Juntas Generales en Bilbao para dar a conocer las actuaciones más importantes que su Departamento ha realizado el pasado ejercicio 2014 en la lucha contra el fraude fiscal.
Según ha explicado el Diputado, en 2014 se han intensificado las actuaciones, tanto en la obtención de información y realización de nuevos convenios con otras administraciones y organismos con responsabilidad tributaria, como en las actuaciones preventivas y de regularización y cobro. Todo ello con especial incidencia en sectores económicos de elevado riesgo fiscal, como profesionales liberales y sectores de actividad especialmente favorecidos en períodos de crisis económica, entre otros.
Esto ha llevado a que en este ejercicio 2014 se haya descubierto un total de 523,8 millones de euros en fraude fiscal, un 12% más que el año anterior, con 748.756 actuaciones. Además se ha intercambiado con otras administraciones tributarias más de 79 millones de datos.
Iruarrizaga ha afirmado que estos 523,8 millones de euros, supera todo el presupuesto del presente año de la Diputación en Acción Social o en Obras Públicas y Transportes, y casi siete veces el correspondiente a Promoción Económica.»
La mayor parte procede de las actuaciones por IVA con un total de 303,9 millones de euros; seguido de Sociedades con 91.2 millones de euros y en tercer lugar IRPF con 84,6 millones de euros.
Delitos, penas de cárcel y multas
Además, ha anunciado que se han remitido a la Fiscalía 13 delitos y que han adquirido firmeza otras cinco sentencias condenatorias, al tiempo que los tribunales han condenado a los responsables de estos delitos a penas de prisión cuya suma total alcanza los 13 años.
En cuanto a los 13 delitos: 7 son del IVA con 5 millones de euros; 3 del Impuesto sobre Sociedades con 1,7 millones de euros; 1 de IRF con 404.984 euros y otros dos sobre falsedad documental. En total, 7,1 millones de euros.
Además de adquirir firmeza las cinco sentencias condenatorias de los tribunales de justicia por confirmarse la existencia de delitos contra la hacienda pública, se ha fijado una cuantía en concepto de responsabilidad civil de 2.346.983 euros y de 1.155.009 euros en concepto de intereses.
A su vez, los tribunales han ordenado la ejecución de varias sentencias condenatorias, mediante la práctica de liquidaciones por importe de responsabilidad civil de 6.905.323 euros y por 3.011.072 euros en concepto de intereses, cantidades de las que se han cobrado en este año pasado 5.680.838 euros.
Junto a las penas de cárcel, también ha habido penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo, pérdida del derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por más de 41 años. Asimismo, se les ha inhabilitado para el ejercicio de actividades industriales o comerciales durante el tiempo de la condena.
