JAVIER M. DE LA HORRA
Más de un centenar de organizaciones sociales de Euskadi, desde Cáritas a la oficina de ayuda al refugiado CEAR pasando por Médicos del Mundo, han presentado este miércoles en Bilbao una campaña en defensa de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Eskubideak + Derechos +. La unión llega tras el aire que se respira desde hace meses en Euskadi: la sensación colectiva de que el sistema de protección social vasco corre peligro.
En un decálogo sin precedentes, las organizaciones sociales han recordado que la vasca «es una sociedad solidaria», que la RGI se puso en marcha a finales de los años 80 para luchar contra la pobreza y la exclusión social, y advierten además que «cualquiera de nosotros puede necesitarla» en un contexto de crisis que ha impulsado la pobreza y la exclusión. «Euskadi no es ajena a este fenómeno; del 2008 al 2014 ha aumentado del 17,9 al 22,7 el porcentaje de personas en esta situación, de 385.087 a 489.447; y tampoco se vislumbra un horizonte de resolución de esta problemática a corto plazo», aclaran.
Las numerosas y diversas entidades que promueven la campaña recuerdan que las rentas mínimas aportadas por la RGI permiten vivir hoy en día con un mínimo nivel de dignidad a unas 65.000 familias, unas 118.000 personas; a la vez que posibilita que los índices de pobreza y exclusión sean en Euskadi inferiores a la media española y europea. «Como sociedad vasca debemos sentir orgullo de haber establecido esta medida; de haber decidido destinar parte de nuestros recursos a paliar estas situaciones; de asumir como sociedad que la pobreza y la exclusión no es un problema de quien la padece sino de toda la sociedad, y que toda la sociedad debe contribuir a su solución», aseguraron los portavoces en rueda de prensa.
Un derecho regulado por ley
La Renta de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (RGI) es un derecho regulado por ley para toda la ciudadanía vasca. «Lo mismo que son un derecho la sanidad y la educación; ¿cómo verías que te negasen la atención médica si enfermas?, ¿y el derecho de tu hijo a ser escolarizado?», se preguntaron. Las organizaciones sociales recordaron también que la RGI favorece «una sociedad más cohesionada, justa e igualitaria«, y aseguraron que en algún momento de nuestra vida «todos y todas podemos necesitarla». «Porque perdemos el empleo y no podemos hacer frente a los gastos habituales, porque tenemos un accidente y necesitamos hacer frente a necesidades que antes no teníamos, porque la pensión que tenemos es insuficiente para vivir, porque en un momento dado no podemos hacer frente a la hipoteca…», puntualizaron.
Según sus cálculos, la RGI también ha contribuido al crecimiento económico en Euskadi, pues ha permitido «mantener 26.770 puestos de trabajo, y sin su existencia el PIB se habría reducido un 2%». Además, en unos años difíciles en los que la crisis sigue apretando, «con altas tasas de desempleo, de pobreza y exclusión», es cuando «es más necesario mejorar el sistema de protección social». Las asociaciones que han impulsado la campaña mantienen que «fortalecer la RGI es apostar por todas las personas», que la inversión en sanidad, educación, servicios sociales y rentas mínimas «es construir una sociedad para todos y todas y además con futuro».
Contra el fraude
Conscientes de que el fraude existe en todos los sectores, incluido el sistema de la RGI, las entidades sociales solicitaron proporcionalidad en su lucha, pues entienden que el debate se está centrando en la RGI cuando apenas suma el 0,3%, mientras que el fraude fiscal asciende al 25%. Apuestan por luchar contra el fraude, pero sin desviar «la atención del megafraude y la corrupción». «¿Consideras justo que se ponga en cuestión un servicio público de todos y todas por el uso inadecuado de unos pocos y/o los errores habidos en su gestión en un momento dado?», concluyeron.
